En nuestra sociedad, prácticamente todo se rige por las leyes de la oferta y la demanda. Desde escoger la carrera que vamos a estudiar, a decidir a qué partido vamos a votar, cualquier decisión de la vida moderna se ve influenciada por dichas leyes, aunque sea de forma instintiva.
También los políticos, a la hora de decidir cómo van a abordar una situación o qué políticas van a promover, deben tener en cuenta estos principios. Podríamos decir que son algo así como el ambiente en el que nos movemos, una superestructura para la teoría marxista.
Pero, ¿cómo funcionan las leyes de la oferta y la demanda?
En busca del precio de equilibrio
A grandes rasgos, la ciencia económica divide al mercado en ofertantes y demandantes. Las decisiones que toman cada uno de estos agentes vienen dadas por el precio, y éste es definido por la interacción de la oferta y la demanda.
Como decía Adam Smith, una demanda alta que no pueda ser satisfecha por una oferta insuficiente, elevará el precio del producto, ya que los compradores competirán entre ellos para hacerse con el bien que escasea, aunque para ello tengan que pagar más de lo que vale.
Esta alza en los precios llevará a muchos ofertantes a producir dicho bien para hacerse con los beneficios extraordinarios, lo que incrementará la oferta, volviendo a reducir el precio del bien hasta su precio natural.
Algo parecido ocurre cuando hay abundancia de algún bien. El ofertante no encontrará suficientes compradores y bajará el precio del producto para deshacerse de él. Esta bajada de precios hará que los ofertantes reduzcan la producción del bien, y las leyes de la oferta y la demanda volverán a conducir el precio a su equilibrio.
¿Cómo afecta este mecanismo a la determinación de las políticas públicas? Si nos fijamos en las políticas medioambientales, veremos que las leyes de la oferta y la demanda interfieren profundamente con el objetivo final, que no es otro que la reducción de emisiones.
Políticas climáticas y comercio
Para combatir el cambio climático, es insostenible el actual modelo de comercio global. Hoy en día, cualquiera puede comprar desde el sofá de casa un producto que provenga de la otra parte del mundo. Pero no es necesario recurrir a Amazon para formar parte de este problema.
Cualquier producto que compremos en una tienda física en nuestro barrio, probablemente habrá recorrido múltiples países en una cadena de valor global que se extienda a lo largo del mundo. Este es el modelo de producción auspiciado por la globalización.
Con la invención de los contenedores multimodales, en los que los productos hacen gran parte del trayecto en un barco mercantil, y luego son trasladados individualmente por carretera, el auge del comercio marítimo se ha incrementado más y más. Sin embargo, este modelo de comercio tiene interminables externalidades negativas, que están perfectamente descritas en el documental Freightened, de Denis Delestrac, de muy recomendable visionado.
Una solución a este problema, sugerida tras las ineficiencias producidas durante la pandemia de Covid, fue el acortamiento de las cadenas de valor. Así, por ejemplo, para los productos que compráramos en España, la mayor parte de su valor añadido se habría aportado en la propia Unión Europea, en lugar de a decenas de miles de kilómetros de distancia.
Sin embargo, revertir la deslocalización de la industria lleva tiempo, y por definición, ese bien de consumo elaborado en Europa será mucho más caro que el que proviene del sureste asiático. Porque estaremos renunciando al producto más competitivo en pro del medio ambiente.
Está en la mano del consumidor decidir si quiere pagar más, pero algo que dependa de la decisión individual de cada uno acabará inclinando la balanza siempre hacia el lado de la postura más egoísta. Es por ello que las autoridades deben regular las decisiones de los actores económicos. Pero, en una democracia, esto no es tan sencillo. ¿Qué pasa si los votantes se muestran en contra de las políticas medioambientales?
Políticas climáticas y agricultura
Sabemos que los políticos aspiran a renovar sus cargos. Esa es la principal motivación que influye en sus decisiones. En el contexto actual, en el que nos encontramos inmersos en la ubicuidad de las redes sociales, los políticos se ven obligados a vender constantemente su marca personal. La consecuencia es una campaña electoral perpetua. Así pues, ¿cuándo afrontamos las reformas necesarias, aunque sean impopulares? Lo que está claro es que los políticos diluyen u ocultan las medidas impopulares en periodo electoral.
Los productos agrícolas europeos tienen unos estándares de calidad medioambiental que no existen en el resto del mundo. Esto, lógicamente, encarece el producto, por lo que los agricultores europeos tienen una desventaja competitiva. Normalmente, para compensar esta desventaja, se utilizan aranceles y barreras comerciales que encarecen a su vez los productos llegados de fuera. No obstante, la decisión de levantar estas defensas en el caso del grano y otros productos alimenticios procedentes de Ucrania ha puesto en pie de guerra a los agricultores europeos, así como a algunos estados miembro, como Polonia o Hungría, que prohibieron estas importaciones.
Las protestas de los agricultores se extendieron por todo el continente durante semanas, lo que llevó a los políticos europeos, que están pendientes de renovar sus cargos el próximo junio, a dar marcha atrás en algunas de sus políticas medioambientales.
Así, en una suerte de Black Friday de la democracia, se propusieron medidas para aplacar la protesta agrícola, se abandonó la ley de pesticidas y se dejaron de debatir las propuestas sobre alimentación sostenible, etiquetas nutritivas y restricciones a fumar en exteriores.
Políticas climáticas y energía
¿Qué os parecería si, a partir de ahora, tuviéramos limitado el suministro de electricidad a ciertas horas del día? Si desterráramos de forma drástica del mix energético la energía generada por fuentes no renovables, es lo que ocurriría, pues la capacidad de almacenamiento de energía generada por fuentes renovables no puede satisfacer a la demanda.
En el año 2021 el Partido Comunista de China estableció unos objetivos de emisiones de carbono para las provincias que eran innegociables. Esto abocó a que más de la mitad de las provincias no pudieran dar respuesta a la demanda de energía de la población, que aumentó con la llegada del invierno, lo que provocó cortes de luz generalizados que afectaron también a las fábricas y al crecimiento económico.
Es por ello que no se puede renunciar a las emisiones mientras realizamos el cambio de modelo energético. Los expertos hablan de la necesidad de unas energías de transición que faciliten el cambio.
Energías de transición
Para cambiar de un modelo energético sustentado en los combustibles fósiles a uno soportado por fuentes renovables, debemos contar con unas energías de transición, que serían el gas natural y la energía nuclear.
Sin embargo, para los activistas climáticos más radicalizados, estas fuentes son tan nocivas como los combustibles fósiles. El gas natural emite un 40-50% menos de carbono que el carbón y un 25-30% menos que el petróleo, pero sigue contaminando. En el caso de la energía nuclear, su gran hándicap es su peligrosidad, como ya quedó patente en Chernobyl o Fukushima.
Sin embargo, no podemos permitirnos prescindir de estas fuentes, porque de lo contrario no podríamos satisfacer la demanda de energía, y estaríamos abocados a racionar la electricidad como le ocurriera a China en 2021. Para realizar la transición energética debemos utilizar fuentes contaminantes.
Como siempre, no existen soluciones sencillas. Y los activistas que dicen lo contrario mienten, o sus propuestas son fruto de un reduccionismo que no ayuda a abarcar la complejidad del problema.
Los tiempos necesarios para afrontar esta situación no son compatibles con los tiempos de la política, que debe pasar una reválida cada cuatro años. Se necesitan políticas de estado, a largo plazo, que se protejan de la pugna partidista. También mucha pedagogía para concienciar a una opinión pública presa de la cultura de la inmediatez.